El Consejo Académico Interinstitucional (CAI) es una entidad colegiada establecido en el artículo 49 del Reglamento de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad. Su responsabilidad fundamental es garantizar la formación, profesionalización y especialización del recurso humano en los ámbitos de seguridad de la Nación.
En el marco de un proceso de fortalecimiento institucional, iniciado en 2024, la Dirección y Subdirección General del INEES realizaron un diagnóstico integral para establecer el estado de situación que permitiera continuar los procesos iniciados, planes y programas, sin embargo no los hubo. El proceso de diagnóstico fue realizado a través de visitas a todas las instituciones miembros del CAI. Este ejercicio permitió conocer de primera mano las condiciones, situación actual y oportunidades de mejora en la coordinación interinstitucional.
Como resultado de este diagnóstico, presentado en la primera reunión del CAI en 2025, se establecieron tres mesas de trabajo estratégicas:
- Mesa de Planificación Estratégica: Responsable de desarrollar el Plan Estratégico del CAI 2025-2030, definiendo objetivos concretos, productos y resultados esperados, de tal manera que un proceso de delegación y asignación de funciones permita desarrollar al Consejo y ubicarlo como un referente académico que apoye la especialización.
- Mesa de Carrera Profesional: Encargada de implementar la Carrera Profesional del Sistema Nacional de Seguridad, en coordinación con la Comisión de Asesoramiento y Planificación (CAP).
- Mesa de Normativa: Dedicada a la creación del reglamento de funciones del CAI, que establecerá el marco normativo para su operación efectiva.
Estas iniciativas buscan fortalecer la coordinación dentro del Sistema Nacional de Seguridad, generando:
- Estado del arte en formación y capacitación,
- Retroalimentación y reforzamiento de capacidades institucionales,
- Nuevas rutas de formación alineadas con estándares y buenas prácticas internacionales, y
- Actualización constante en temas de seguridad.
El impacto de estas acciones beneficiará directamente a aproximadamente 75,000 personas que integran el Sistema Nacional de Seguridad, elevando la calidad de su formación y, consecuentemente, fortaleciendo las capacidades institucionales en materia de seguridad del Estado de Guatemala.